El 50% de las personas que mueren en accidentes de tránsito son jóvenes. La mayoría en horario nocturno y en gran medida por incidencia del alcohol.
Las víctimas parecen ser los victimarios o culpables de haberse accidentado. Esas personas que mueren cada fin de semana simulan ser sólo un número. La sociedad en general toma con cierta naturalidad las muertes por accidentes viales. Las rutas se llevaron la vida de 8104 personas en el 2007, según datos recabados por la asociación civil “Luchemos por la vida”. La mitad de las víctimas fueron jóvenes. La falta de un estado que intervenga es evidente. Las leyes para controlar están, pero ninguno de los tres estados: municipal, provincial y nacional las hace cumplir.
En 1997 fue dictada la ley 24.788, pero careció de cumplimiento hasta ahora. Dicha ley responsabiliza a los expendedores de alcohol por los accidentes de tránsito. Hace días y gracias a la gestión del grupo de padres “Por nuestros queridos hijos” el Fiscal General de la Provincia de Córdoba instruyó a los fiscales provinciales a cumplir la ley. El Dr. Esteban Gorriti, integrante del grupo de padres, cree que esta ley es el inicio para que los “bolicheros” comiencen a responsabilizarse civil y penalmente por la venta ilimitada de alcohol. Cada causa que se iniciaba contra los expendedores de alcohol quedaba archivada en las numerosas comisarías por la supuesta falta de una ley que lo regule. “Ningún organismo sea oficial o no se ocupa de la principal causa de los accidentes de tránsito, que es la ingesta excesiva de alcohol. A esto se dedica nuestro grupo” enuncia el abogado, padre de una de las 8104 víctimas del 2007.
Se entiende por genocidio un delito vinculado con funcionarios del Estado o particulares, de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. Estos actos comprenden la muerte y lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo. En este caso la evidente inacción estatal lleva a la muerte sistemática de personas, más de veinte personas por día. Esta matanza diaria no se soluciona con la ley que pena a quienes les proveen alcohol a las personas, esto es sólo un principio de solución. La industria automotriz logró un considerable incremente en los últimos años. Se realizaron concesiones de peajes, a empresas privadas, de rutas ya construidas por el estado. Las cabinas de cobro de peaje son un negocio demasiado rentable pero conllevan ciertos acuerdos que fueron olvidados. Pasó el tiempo, se siguió cobrando y los caminos no fueron mejorados. Las mismas rutas construidas hace tiempo por el estado y administradas por intereses privados son las que hoy en día se llevan la vida de las personas.
Además de la problemática vinculada al alcohol y a la negligencia por parte del estado existe una total indiferencia de la sociedad en cuanto a los accidentes de tránsito. Erróneamente hay gente que considera a estos sucesos como hechos naturales e inevitables. Se realizan marchas pidiendo seguridad, pero nunca en este país hay marchas ni pedidos que provengan de la sociedad en cuanto a seguridad vial. Esta falta de interés por parte de aquellos que consideran fortuitos los muertos en las rutas lleva a una inactividad política que considera no popular o en vano luchar contra esto. Paradójicamente la inseguridad en las calles parece llevarse las tapas de los diarios recurrentemente, pero esta no es la principal causa de muerte de los argentinos. Dos mil personas mueren anualmente por este tipo de causas. Obviamente cada vida perdida vale lo mismo, y se debe bregar por ella, pero parece ilógico que veinte personas mueran por día y ese tema no sea parte de la charla diaria. Muchas veces se juzga moralmente a quienes participaron de los accidentes sin tener en cuenta que falló, o que se podría haber hecho para evitar esas muertes.
Esas 8104 muertes que sucedieron el pasado año no sólo es responsabilidad de cada uno de esos que participaron de la tragedia. El estado concesiona peajes sin analizar si fueron realizados los acuerdos, la justicia no hace cumplir las leyes ya promulgadas y la sociedad es indiferente a esta realidad, no hay un responsable, somos todos.
